Empresarios de Zaragoza aprenden las claves sobre el compliance penal

El cumplimiento legal en el seno de la empresa es fundamental para el buen funcionamiento de la misma. Sin embargo, son muchos los empresarios que desconocen los peligros de no tener un plan de cumplimiento legal. Por ello, este jueves la Federación Aragonesa de Jóvenes Empresarios (AJE Aragón) ha organizado a través de su Comité de Apoyo Legal a Emprendedores, patrocinado por las empresas asociadas MSP Abogados y Lorente y Lorente Asesores, una jornada para difundir las claves básicas sobre el compliance penal.

¿Alguna vez ha tenido miedo de que, sin saberlo, pudiera estar infringiendo alguna norma? ¿Quiere tener la garantía de que su empresa lo está cumpliendo todo al pie de la letra? Un compliance penal es una herramienta que sirve precisamente para eso: prevenir la comisión de delitos dentro de la empresa por parte de sus empleados en nombre, por cuenta o en beneficio directo o indirecto de la empresa.

El encuentro tendrá lugar este jueves, 31 de marzo, a las 19.00 horas en el restaurante La Bocca; y, junto al compliance penal, se explicarán el resto de obligaciones legales y fiscales que todo buen empresario debe conocer. 

Expertos en la materia, tanto de los despachos patrocinadores del evento como de las consultorías 2Bconsultores, Lázaro & Zapater y Controller, explicarán a los asistentes las medidas de vigilancia y control adecuadas para tener compliance en tu empresa. Estas cinco empresas forman un grupo de profesionales con amplia experiencia en el sector, lo que les permite tener una visión global de las empresas y conocer la cobertura de riesgos que precisan.

El contrato de agencia

La Ley 12/1992, de 27 de mayo, del Contrato de Agencia supuso la incorporación al ordenamiento español de la Directiva 86/653/CEE del Consejo de 18 de diciembre de 1986 relativa a la coordinación de los derechos de los Estados Miembros en lo referente a los agentes comerciales independientes. Y supuso, además, la positivización en nuestro ordenamiento jurídico de un contrato hasta entonces atípico.

Así las cosas, debe subrayarse que el contrato de agencia se define como aquel por el que una “persona natural o jurídica, denominada agente, se obliga frente a otra de manera continuada o estable a cambio de una remuneración, a promover actos u operaciones de comercio por cuenta ajena, o a promoverlos y concluirlos por cuenta y en nombre ajenos, como intermediario independiente, sin asumir, salvo pacto en contrario, el riesgo y ventura de tales operaciones”.

El contrato de agencia debemos diferenciarlo de otros, como la comisión, única figura de colaboración recogida en nuestro Código de Comercio y que se caracteriza por ser aislada y esporádica; o el representante de comercio, que carece de autonomía propia.

Pues bien, a diferencia de otras figuras, el agente se caracteriza por:

  • Tener una relación estable y continuada, no esporádica.
  • Tener absoluta autonomía, de tal manera que no puede existir una relación laboral con el empresario.
  • Actuar por cuenta y nombre del empresario.

Además, consideramos relevante destacar las siguientes características del contrato de agencia:

  • En primer lugar, su duración ya que puede ser por tiempo determinado o por tiempo indefinido, en cuyo último caso la resolución deberá avisarse con al menos un mes de antelación por cada año que haya durado el contrato, con un máximo de 6 meses.
  • En segundo lugar, resulta muy relevante la posibilidad de que el contrato recoja un pacto de no competencia por el cual se limitan las actividades profesionales del agente tras la conclusión del contrato; pacto que no podrá durar más de 2 años a contar desde la extinción del contrato o, si la duración hubiese sido inferior, un año.
  • Y en tercer lugar, resulta muy importante conocer que el agente, una vez resuelto el contrato, tiene derecho a ser indemnizado por los daños y perjuicios que la extinción anticipada de un contrato de duración indefinida le haya ocasionado por la imposibilidad de amortizar los gastos en que hubiera incurrido para ejercer el cargo; y, además, derecho a ser indemnizado por la clientela reportada al empresario, cualquiera que sea la duración del contrato, que no podrá exceder del importe medio anual de las remuneraciones percibidas por el agente durante los últimos cinco años o, si fuera de duración inferior, durante todo el período de duración del contrato. El derecho a ser indemnizado se pierde si el contrato se extingue por incumplimiento de las obligaciones legal o contractualmente establecidas a cargo del agente o si el mismo es objeto de cesión a un tercero.

¿Siempre toca pagar la plusvalía municipal?

La mal conocida como “plusvalía municipal” es, en realidad, un impuesto local sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana que grava, justamente, el aumento de valor de los terrenos urbanos puesto de manifiesto a consecuencia de la transmisión de su propiedad por cualquier título admitido en Derecho, ya sea una compraventa, un herencia, una donación o cualquier otro título.

Tradicionalmente nadie había puesto en duda la obligatoriedad de pagar este impuesto tras la transmisión de cualquier un bien inmueble de naturaleza urbana, no rústica. Sin embargo, con la crisis inmobiliaria acaecida en los últimos años, unida a la revisión alcista de los valores catastrales que se toman de referencia para el cálculo del impuesto, ha supuesto la necesidad de plantearse si este impuesto hay que pagarlo siempre o, como vamos a exponer, hay situaciones en las que no hay que pagarlo porque ni tan siquiera se llega a devengar.

Para ello, hay que acudir al artículo 104 del Texto Refundido de la Ley Haciendas Locales (TRLHL), que subraya como hecho imponible del impuesto el incremento de valor, por lo que si no ha existido tal incremento, no se habrá tan siquiera devengado el impuesto y no habrá que pagar plusvalía municipal en la transmisión de bienes inmuebles de naturaleza urbana.

Se trata, por lo tanto, de una mera cuestión de prueba, para lo que es preciso contar, a ser posible, con tasaciones inmobiliarias que justifiquen el valor real o de mercado del inmueble en la fecha en que se adquirió y en la fecha en que se transmitió; lo que debemos diferenciar del precio de adquisición y de transmisión, que no tiene que coincidir con el real o de mercado.

Así lo está entendiendo, de hecho, numerosa jurisprudencia menor cuando subraya que la situación atípica del mercado inmobiliario español, con una importante e insólita bajada generalizada del precio de los inmuebles, puesta en relación con el propio hecho imponible del impuesto, que solo prevé la situación de incremento constante del valor, debe llevarnos a afirmar que la acreditación de dicha falta de incremento de valor supone la falta de devengo del propio impuesto y, por lo tanto, no tener que pagar por el mismo.

Para finalizar, insistiremos en que lo explicado a lo largo de este artículo es aplicable a cualquier clase de transmisión, tanto por título de compraventa, como por título de herencia o donación o por cualquier otro título admitido en Derecho.

MSP Abogados, en Heraldo de Aragón

Este domingo hemos aparecido en el Especial de Economía y Negocios de Heraldo de Aragón, en una noticia sobre protección de datos.

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